NEUQUEN: Siguen avanzando sobre territorios indígenas

Durante el fin de semana pasado, Miguel Mariqueo y Pedro Coria participaron del VI Congreso Nacional celebrado en Zapala (Neuquén) en representación de las comunidades ranqueles agrupadas en el Consejo Provincial de Loncos. El encuentro, al que asistieron más de 500 personas de distintos puntos del país, contó con cinco talleres: Tierra y territorio, Mujer, Originarios, Jóvenes y Producción, y Educación y Salud.

En estos espacios compartieron información sobre sus realidades actuales, problemáticas y preocupaciones, y abordaron diversos temas sensibles a su identidad cultural, como la recuperación territorial y la lucha por la tierra, la Ley de Relevamiento, las modificaciones a la propiedad comunitaria del nuevo Código Civil, entre otras demandas histórica.

Al finalizar el congreso redactaron y suscribieron un petitorio para presentarle al gobierno nacional.

Reclamos en la provincia.

En ese contexto, evaluaron la situación del oeste pampeano como desalentadora porque nunca se restituyeron los títulos de propiedad sobre sus tierras. "Se realizaron los trabajos de relevamiento territorial y nos entregaron una carpeta que tenía la parte operativa pero faltó lo más importante que es el título de propiedad comunitario definitivo", indicó Carlos Martínez en diálogo con LA ARENA. El huerquén de Santa Isabel agregó que el gobierno debe regular las tierras y solucionar los problemas de ocupación de las tierras comunitarias. "En el oeste los particulares siguen avanzando sobre territorios indígenas". 

El achense Patiño, en tanto, denunció que la discriminación por razones étnicas en Argentina es una problemática histórica que comenzó con la Campaña al Desierto en 1879. "Hace más de un siglo que nos vienen trasladando a lugares inhóspitos. Ahora descubrieron que debajo de los médanos donde vivimos hay petróleo y nos quieres correr otra vez. Nosotros necesitamos territorio para vivir, desarrollarnos cultural y socialmente, y adaptarnos a la naturaleza", reflexionó.

A su turno, Coria lamentó que el gobierno dice una cosa pero hace lo contrario. "Hablan de reparación histórica pero están haciendo otra cosa. No cumplen con la Constitución. Desde 2003 hay 18 originarios muertos por represión", advirtió. Agregó además que la sociedad pampeana promueve un desconocimiento sobre la preexistencia de los pueblos originarios. "Nosotros existíamos antes de que se constituya el Estado Argentino", concluyó.

Datos relevantes.

El documento final del congreso revela datos interesantes sobre la lucha histórica que sostienen las comunidades originarias a nivel nacional desde la Conquista del Desierto. Los pueblos originarios exigen respeto y cumplimiento por sus leyes, efectiva aplicación del derecho de consulta, entrega de los títulos a todas las comunidades para ser reconocidas como tales, entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, y la posibilidad de participar en una audiencia específica antes de la modificación del Código Civil, para expresar su posición en cuanto a la propiedad comunitaria.

En el primer caso, advierten que la Ley 26260 no produjo solución alguna y tampoco pudo ser cumplida, ya que los desalojos, persecuciones y muertes continúan ocurriendo. Advierten que antes de debatir la norma no hubo talleres de capacitación e información y los pueblos originarios tampoco fueron consultados sobre los cambios que pudieran afectarlos, como considerar originarios a los asentamientos rurales, ignorando la existencia de comunidades urbanas.

Consideran además que la legislación viola la Constitución Nacional al avasallar derechos de los pueblos originarios y al desconocer su preexistencia a la República Argentina.

Nuevo Código Civil.

En cuanto a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, el petitorio propone que la propiedad comunitaria indígena sea considerada de modo diferente a la propiedad privada, para reconocer su preexistencia y permitir su proyecto de unificación y su diversidad. También advierten que "se olvida" garantizar la libre determinación sobre el uso de los recursos naturales, un derecho reconocido por acuerdos nacionales e internacionales. Por eso, rechazan rotundamente las modificaciones planteadas en el Código Civil, a las que consideran inconstitucionales y violatorias de sus derechos humanos.

Una nota al Inadi.

El pueblo ranquel formulará una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para que tome conocimiento del acto discriminatorio contra esa etnia originaria por parte del intendente de General Acha, Roberto, durante los festejos por el 120º Aniversario de la fundación de esa ciudad. Miguel Patiño denunció que fueron convocados a participar de un homenaje a fundadores y aborígenes en el cementerio local, pero al momento de los discursos fueron censurados, por lo que se retiraron del lugar.

                 

                                                                                                       

Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios"

ago 15th, 2012 | By odhpi | Category: Noticias

El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha.

Por Darío Aranda

Se autodefine como “militante por los derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz, con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes. En 1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh (Puño de oso hormiguero – La Primavera). “El gobierno nacional no quiere  solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”, resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo”.  Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.

-Félix Díaz sufrió la última semana un “accidente” en Formosa. Lo rozó una camioneta cuando iba en moto y terminó en el hospital. Díaz aseguró que no fue un accidente.

-Hablé con Félix. Es terrible lo de Formosa, un gobierno feudal que atenta contra todo aquel que exija sus derechos. En muchas provincias, sucede lo mismo en Salta y Neuquén, los gobiernos hacen lo que quieren, no reconocen los derechos de los pueblos originarios y esto tiene relación directa con las políticas del gobierno nacional.

-¿Qué políticas del gobierno nacional?

-La política de no reconocimiento de los pueblos originarios. Un ejemplo claro es el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos, ya sea de las provincias o Nacional, pero no para el desarrollo de los pueblos originarios.

-Usted vivió de cerca la conformación de la mesa de diálogo por la comunidad La Primavera, a fines de 2010.

-Fue lamentable la política del Gobierno para con el Pueblo Qom de Formosa. No reconoció a Félix Díaz como líder qom a pesar de que la comunidad lo eligió por amplia mayoría. Permitió el avance de Parques Nacionales sobre la comunidad y encima terminó suspendiendo la mesa de diálogo.

-¿Por qué un gobierno que ha demostrado sensibilidad con los derechos humanos y que ha tomado esa bandera toma la decisión de no respetar los derechos de los pueblos indígenas?

-El gobierno nacional no tiene sensibilidad, tienen interés político en los derechos humanos que abarcan el periodo 1976-1983. Ni siquiera aborda lo actuado por la Tripe A. El Gobierno no quieren entender de derechos humanos de antes del 76 ni posterior al 83. La política de derechos humanos está restringida a la última dictadura militar.

-¿Cómo debieran entenderse los derechos humanos?

-Nosotros entendemos los derechos humanos desde su integralidad, lo que claramente debe incluir los derechos de los pueblos originarios, los derechos de quienes luchan contra la minería. Por eso no entiendo un proyecto que se dice “nacional y popular” y no aborde esas situaciones. En cuanto a derechos humanos, hay más discursos que políticas.

-En el marco del juicio por fumigaciones del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) usted dijo que el modelo agropecuario viola derechos humanos fundamentales. Algo similar dijo Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)…

-Es que no se puede entender de otra manera. Es no respetar a poblaciones enteras, no respetar culturas, devastar el ambiente, cambiar la forma de vida de las comunidades y provocar enfermedades son claras violaciones a los derechos humanos. No comprendo que se pueda entender de otra manera. Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo.

-¿Por qué otros organismos de derechos humanos no denuncian el extractivismo?

-Hay dos cuestiones. Muchos organismos provienen del drama de la última dictadura. Justicia por esos hechos es su objetivo último, y está bien, no lo digo como crítica. Y también hay otros organismos de derechos humanos que no denuncian la violencia actual porque son aliados del Gobierno y reciben fondos del Gobierno. Son opciones. Nosotros estamos convencidos de que las políticas de derechos humanos son integrales. Sin hay niños muriendo de hambre, no hay respeto a los derechos humanos. Y en Argentina mueren chicos de hambre. Hace dos semanas estuve con médicos de Córdoba que relataban con tristeza la cantidad de chicos desnutridos que hay.

-Más allá de los gobiernos, la misma opinión pública o la misma sociedad pareciera que hay una negación respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo, cuando asesinaron a Mariano Ferreyra hubo 50 mil personas en Plaza de Mayo. Cuando mataron al qom Roberto López no había más de 600 personas frente a la Casa de Formosa.

-En Argentina hay una negación histórica y cultural hacia los pueblos originarios, no se los reconoce, hay una enorme discriminación hacia los pueblos originarios. La Argentina no mira sus raíces, sigue el discurso de que “somos un país de inmigrantes”, cuando en realidad esa es sólo una parte de la historia. Es tanta la discriminación que hasta las universidades públicas nacionales, de Formosa y La Plata, le sacan tierras a comunidades originarias.

-El respeto a los derechos de indígenas y campesinos es uno de los puntos más débiles del Gobierno. ¿Qué expectativa tiene para los próximos años?

-Son asignaturas pendientes. Y lamento decir que no tengo expectativa de que este Gobierno cumpla con las comunidades originarias y con los campesinas.

 -¿Por qué?

 -Porque no hay políticas que vayan más allá del periodo 76-83.

 -¿Y con el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda)? Es hijo de desaparecidos, proviene de la militancia y conoce de cerca las consecuencias del modelo de agronegocios en Córdoba.

 -Lo conozco, me vino a ver. Hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. No tengo expectativa que haga cumplir los derechos humanos en su integralidad. No lo veo. Si en el futuro lo veo en hechos concretos, lo diré de inmediato. Pero este Gobierno ni siquiera tiene diálogo con los pueblos originarios. El INAI juega contra las comunidades, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) ni juega. El gobierno nacional y los provinciales, como el de Formosa, juegan al desgaste duro.

 -¿Desgaste duro?

 -Reuniones que no resuelven nada, sin avances. Un día, junto a Félix (Díaz) estuvimos desde las 17 hasta las 2 de la mañana en la mesa de diálogo con el Gobierno. Y (Florencio) Randazzo (ministro del Interior) nos decía “somos un país federal, no podemos meternos en la provincia”. ¡Por favor! ¡Somos grandes como para que nos digan eso! El gobierno nacional no quiere  solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales. La verdad es que no hay avances porque en el Gobierno no hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios. Es duro, pero no me lo contaron, lo viví.

 -¿El “desgaste duro” incluye represión?

 -El avance de la soja y de la minería incluye amenazas, persecuciones y claro que incluye represión. Sólo hay que mirar Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Y es claro que los gobiernos provinciales que reprimen son aliados del gobierno nacional. Exigimos que se deje de perseguir y de reprimir a quienes luchan, pero no somos optimistas en ese sentido. Ver a La Cámpora haciendo campaña contra Félix (Díaz), y apoyando al que apadrina Gildo Insfrán, no es como para esperar un cambio positivo.

 -La Cámpora, con el actual diputado Andrés Larroque al frente, fue quien desalojó a los Qom de Avenida de Mayo y 9 de Julio en mayo de 2011.

 -Recuerdo ese desalojo. La Cámpora como fuerza de choque contra los pueblos originarios.

 -Por sus críticas lo van a acusar de “hacerle el juego a la derecha”.

-No me pueden correr con eso. El juego a la derecha lo hacen quienes miran para otro lado. Nosotros denunciamos injusticias porque queremos un país mejor, para todos y con verdadero respeto por los derechos humanos, de todos. Y siempre, desde hace décadas, estamos del lado de los que sufren. En este caso estamos junto al Pueblo Qom. ¿De qué lado está La Cámpora? ¿De qué lado está el Gobierno?

Felix Díaz - La Primavera - Formosa

FELIX DIAZ

Comunicado del CEL

El juez Sala pidió la imputación de Félix como instigador de los delitos de lesiones, atentado a la autoridad y homicidio del policía Eber Falcón. Sin embargo, no existe prueba alguna que sustente estas acusaciones que sólo se apoyan en testimonios de algunos efectivos de la policía provincial que participaron en la represión de 2010 y que sostuvieron como prueba de sus dichos el uso de un teléfono celular por parte de Félix con el supuesto objetivo de organizar la resistencia al desalojo. A partir de diversas declaraciones y de prueba documental, se comprobó que Félix se comunicaba con distintos actores e instituciones, como la Defensoría General de la Nación y el INADI, para informar lo que estaba sucediendo en el lugar y solicitar colaboración. De acuerdo con los indígenas que declararon en la causa y con la pericia antropológica realizada, las decisiones en la comunidad se toman únicamente en asamblea y no es Félix quien da órdenes.

El caso llegó al juez Sala por la apelación del fiscal Arturo Cabral. Sin embargo, el fiscal decidió no apelar el sobreseimiento recaído sobre los únicos dos policías imputados en la causa por el homicidio del miembro de la comunidad Roberto López. A su vez, recientemente había solicitado que se desestimen todas las denuncias formuladas contra los funcionarios policiales y judiciales. Este accionar de Cabral, sumado al rechazo a la viuda de Roberto López a constituirse en querellante, implicaría el cierre de la causa contra los policías ya que no queda nadie en posición de sostener la acusación contra ellos.

Frente a los reclamos por los problemas relacionados con el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, la justicia penal provincial ha respondido en reiteradas oportunidades con procedimientos criminales dirigidos a perseguir a los miembros del grupo. La posición del fiscal es una muestra de la convalidación que la justicia provincial está dispuesta a hacer del uso abusivo de la fuerza policial y de la discriminación y persecución de la que está siendo objeto Felix Díaz. Por esta razón, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la recusación de Cabral y seguirá reclamando junto a otras organizaciones que se revierta esta acusación y se realice una investigación imparcial respecto de la responsabilidad provincial en la represión del desalojo.

La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra ha generado condiciones para la reiteración de agresiones contra los miembros de La Primavera, que continúan siendo víctimas de hostigamientos y violencia y enfrentan grandes obstáculos para que sus denuncias se realicen y sean gestionadas por las instituciones. Desde la represión de 2010, integrantes de la comunidad fueron atacados y amenazados por criollos que ocupan sus tierras en repetidas oportunidades. En abril del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para garantizar la integridad física de los integrantes de la comunidad. En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública para discutir sobre el conflicto. Sin embargo, las autoridades provinciales aun no han dado respuesta a las demandas. Es fundamental que no se siga criminalizando a Félix Díaz y a la comunidad y que se avance en soluciones de fondo a los reclamos.

Centro de Estudios Legales y Sociales
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